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Polémica por la flexibilización de norma de comercio exterior

Polémica por la flexibilización de norma de comercio exterior

La propuesta de eliminar obstáculos para el comercio exterior ha generado una gran preocupación, principalmente en el sector bancario, por cuenta de la pérdida de controles sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El Gobierno Nacional estructura un proyecto de decreto mediante el cual intenta desmontar la obligatoriedad del control cambiario para la exportación e importaciones de bienes. Esto, explican los expertos, por un lado, sería una herramienta de gran valor para los agentes de comercio del país ya que eliminaría barreras de tipo administrativo que hacen compleja esta labor y que, además, genera sanciones cuantiosas para quienes intentan cumplir con los requisitos de ley, si no lo hacen de la manera debida.

La preocupación surge ya que con dicho reporte cambiario de las operaciones de comercio exterior se hace un rastreo de la procedencia de los recursos.

Jonathan Malagón, vicepresidente de Asobancaria, explica que “si bien la modificación del Decreto 1068 de 2015 busca modernizar el régimen cambiario y alcanzar con ello estándares internacionales, parece desconocer los alcances en materia de control y gestión de riesgos, particularmente asociados al lavado de activos”.

De otro lado, Asobancaria ha venido señalando que esta nueva reglamentación significaría un aumento en la exposición en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. “No tener el control cambiario de las exportaciones e importaciones deriva desde luego en el riesgo de una posible contaminación de cuentas en el exterior, haciendo casi imposible detectar dineros de actividades ilícitas”, añadió el ejecutivo.

No obstante, quienes defienden la medida, aseguran que bajo el esquema actual lo que se está haciendo es castigar a quienes están tratando de cumplir con los requisitos de reporte. Añaden que los bancos deben hacer el control de lavado de activos independientemente de si el reporte de la información comercial se hace de manera obligatoria o voluntaria.

En la actualidad, solamente las operaciones de comercio de bienes están sujetas a la obligatoriedad de la canalización de divisas, las operaciones de servicios lo hacen de manera voluntaria, sin embargo, también están sujetas a los análisis de vigilancia de activos por parte de las entidades bancarias, por lo cual aseguran, que eliminar este requisito no significaría una pérdida de información para el control, sino que por el contrario, lo que hará será facilitar la labor de comerciar para aquellos empresarios que están apegados a la formalidad y que buscan cumplir con los requisitos exigidos.

“A nosotros nos gusta el tema de liberar y de flexibilizar el tema cambiario, hoy en día es engorroso, se cometen errores en el proceso de diligenciamiento de los formularios y las multas son muy cuantiosas”, explicó Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex).

Este último aspecto resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que la no canalización de este tipo de operaciones de comercio exterior, la presentación inoportuna de la declaración de cambio, la no custodia de las declaraciones o su presentación con datos inexactos, genera sanciones que hoy pueden ubicarse entre $800.000 y $32 millones.

Malagón añade que “hemos señalado también que este cambio generaría incluso efectos en la inversión extranjera y facilitaría la legalización del contrabando, ya que los pagos de estas mercancías se realizan con divisas en efectivo que no se canalizarían por el mercado cambiario”.

Indica el proyecto de decreto que una modificación como la planteada, materializa los propósitos superiores del régimen cambiario previstos desde la Ley 9 de 1991, referidos a la promoción de la internacionalización de la economía colombiana con el fin de aumentar su competitividad en los mercados externos y facilitar el desarrollo de las transacciones con el exterior, a partir del fomento de un marco normativo que resulte consistente con el conjunto de políticas adoptado por el Banco Emisor y que viabilicen también la flexibilización de las transacciones internacionales corrientes, de manera tal que las mismas terminen reduciéndose a simples trámites aduaneros.

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